El pasado 1 de febrero se publicaron las directrices del Plan General de Control Tributario y Aduanero para el año 2021.
Estas directrices, en línea con el Plan estratégico 2020-2023 que publicó la Agencia Tributaria el año pasado, fijan las líneas de actuación que la AEAT llevará a cabo este año para prevenir y controlar el fraude fiscal, así como para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Entre otras, la Agencia Tributaria:
- Impulsará las actuaciones para reforzar la calidad de la información con ocasión de los intercambios internacionales de información tributaria. En especial el intercambio automático de información de cuentas financieras (C.R.S.). Respecto al año 2020, está previsto que alcance a 106 jurisdicciones distintas.
- Analizará el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida que deben seguir las Instituciones Financieras para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad de las cuentas financieras.
- Reforzará el control sobre los contribuyentes que simulan residir en el extranjero para eludir impuestos. Mediante herramientas de “Big Data”, realizará un análisis sistemático de la residencia de contribuyentes que figuran como no residentes, pudiendo tener los indicios necesarios que permitan iniciar actuaciones de comprobación sobre ciudadanos deslocalizados con niveles relevantes de renta o patrimonio.
- Completará la implementación de una herramienta de gestión de riesgos que permita sistematizar la información existente, delimitar los colectivos de riesgo y realizar un mejor seguimiento de los resultados.
- Estará operativo el intercambio de información de los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, DAC 6. Esta nueva fuente de información contribuirá́ a una mayor transparencia, facilitando tanto la prevención como la corrección de comportamientos evasores o elusivos.
- Priorizará el control de las bases imponibles negativas y de las deducciones pendientes de declarar.
- Realizará un número significativo de controles multilaterales en el ámbito de la Unión Europea y se esperan mejoras en las inspecciones conjuntas o “Joint Audits”. Igualmente, se mantiene la importancia estratégica de los Procedimientos Amistosos (MAPs) y se continuará con la participación en el programa ICAP (International Compliance Assurance Programme).
- Realizará una campaña tendente a verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de información sobre operaciones vinculadas (modelo 232).
- Reforzará el control sobre los grupos fiscales, teniendo en cuenta el uso cada vez más extendido tanto del régimen especial de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades como el régimen especial del grupo de entidades en el IVA. Se dedicará una especial atención al cumplimiento de los requisitos legales que permiten acogerse a estos regímenes, así́ como a las compensaciones de bases imponibles.
- Continuará con las actuaciones contra la economía sumergida y, la lucha contra los programas de ocultación de facturación.
- Continuará, igual que hasta la fecha, con la comprobación de sociedades carentes de estructura productiva que tengan como objeto facilitar la ocultación de rentas obtenidas por personas físicas.
- Potenciará la colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Especialmente se atenderá́ a las implicaciones fiscales en IVA e IRPF de las actas emitidas por la inspección de trabajo en las que se califican los servicios prestados por trabajadores pretendidamente autónomos, como prestaciones laborales dependientes.
- Extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico en paralelo a la implementación en 2021 de las nuevas reglas europeas de IVA, así como sobre el abuso de los envíos postales directos a consumidores finales con carácter no comercial desde países terceros, con el objetivo de impedir la elusión de los aranceles y del IVA a la importación.
- Por último, el área de Recaudación también hará un control especial de las titularidades ‘de conveniencia’ de los terminales punto de venta (TPV) para luchar contra la colocación de dichos terminales a nombre de terceros con la finalidad de eludir embargos.